Asedio, amenaza y ataque. La condición de Vulnerabilidad de periodistas en méxico.

En un país tan desigual como México, las formas, rostros y rastros de la violencia contra periodistas son múltiples, complejos y diferenciales. Aunque la información existente, como la que se presentará a continuación, apunta hacia actores gubernamentales como los principales agresores,  de acuerdo con datos de organizaciones civiles, es importante señalar que para un gran número de periodistas en regiones (municipios, localidades) que se ubican en zonas de alta conflictividad por la presencia de grupos del crimen organizado o en lugares donde se ubican megaproyectos extractivistas, esto representa un riesgo constante y mucho mayor para su labor informativa. En este informe abordaremos este tipo de agresiones en los últimos años en México, con algunos casos excepcionales para problematizar el impacto de estas dinámicas en la libertad de expresión y en la construcción de un ambiente de hostilidad contra el periodismo en general, y contra las mujeres periodistas en particular, en el país.

Artículo 19 ha documentado 1,167 agresiones de diversos tipos en contra de mujeres periodistas en México entre 2010 y 2021. Del total de estas agresiones, 57 provienen del crimen organizado, 78 de fuerzas de seguridad civiles (policías y guardias privadas), 87 de partidos políticos, mientras 397 han sido ejercidas por funcionarios públicos, 20 por funcionarios estatales y 6 por candidatos, partidos o fuerzas partidistas.

Entre 2018 y 2019 se registraron 140 agresiones provenientes de funcionarios públicos, 70 en cada año; en 2020, 55 casos y 47 en 2021. En 2019, 2020 y 2021, la mitad del sexenio de AMLO, la intimidación y hostigamiento ha sido el principal tipo de agresión cuando se trata de funcionarios públicos, con 37, 13 y 17 casos registrados en cada uno de esos años.

Los datos de esta misma organización revelan que el registro de agresiones durante este periodo, sobre todo, ha aumentado. Mientras que de 2010 a 2015 se denunciaron en promedio 50 ataques a la prensa, para el periodo 2016 a 2021 la cifra por año alcanzó los 161 casos, siendo los últimos dos años los que más reportes registraron: 207 en el año 2020 y 202 durante el 2021.

Esta tendencia puede deberse en cierta medida a un aumento en la conciencia de denuncia por parte de las periodistas en entidades federativas específicas, y si bien puede no mostrar una escala completa del crecimiento de las agresiones totales en cada estado, sin duda está íntimamente ligada al contexto cada vez más violento, en el que quienes cumplen la función social de informar se desenvuelven.

Aunado a lo anterior, la cobertura que las periodistas realizan de ciertos temas parece hacerlas más propensas a convertirse en víctimas de una agresión. A partir de los datos provistos por Artículo 19¹, Signa_Lab exploró el tipo de cobertura realizada y se encontraron patrones que respaldan esta idea: que cierto tipo de coberturas incrementan el riesgo. Del total de episodios reportados, 428 casos corresponden a periodistas que cubrían temas de corrupción y política, 167 se ocupaban de temas de derechos humanos, 134 trabajaban sobre protestas y/o movimientos sociales, 94 en torno a seguridad y justicia, 22 cubrían tierra y territorio². Cuando agregamos a la visualización al Crimen organizado como presunto agresor, nos encontramos con que seguridad y justicia, con 18 casos, y corrupción y política, con 9 casos, son los temas que más cubrían las periodistas agredidas en este registro.

La relación entre los binomios corrupción y política, y seguridad y justicia, como temas de cobertura informativa vinculados con crimen organizado como presunto agresor permiten articular por lo menos un par de preguntas clave: ¿De quién es la corrupción que estos periodistas investigan? ¿Quiénes están implicados directamente en la seguridad y la justicia además del crimen organizado?

En la siguiente visualización se aprecian los temas de cobertura (arriba) y el número de casos de periodistas agredidas que lo atendían en su labor; mientras el estado, el presunto responsable y el tema de cobertura se presentan abajo).

Uno de los componentes estructurales de la violencia en México en los últimos años ha sido la presencia de grupos del crimen organizado, los cuales han desplegado distintas estrategias para acallar la labor de periodistas, como enviar mensajes mediante carteles o mantas colocadas en lugares públicos, dirigidos a autoridades, a la ciudadanía y en algunos casos a periodistas y medios de comunicación.

Los grupos de crimen organizado se han encargado de ampliar los repertorios de amenazas contra actores y grupos que, como las y los periodistas, puedan dañar o interrumpir los beneficios obtenidos por actividades ilícitas. Así, las mantas con mensajes y amenazas son formas de comunicación “que emplean los cárteles para justificar, protagonizar o intimidar” y funcionan como “un complemento, sustituto o instrumento de violencia” de estos grupos hacia sus objetivos, sean éstos autoridades o periodistas (Maihold, 2012, pp. 84, 87). Documentadas durante largo tiempo este tipo de mensajes periódicamente aparecen y cada vez más frecuentemente dan cuenta de la violencia que se dirige a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México.

Tan sólo en 2021, la organización de investigación y periodismo Insight Crime documentó la presencia de 60 de estos mensajes producidos por uno solo de estos grupos delincuenciales entre los meses de enero y julio. Mientras que Zeta Tijuana reportó amenazas dirigidas por estos mismos grupos hacia 74 periodistas de enero a agosto de 2021, de acuerdo con datos del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación en México.

Las amenazas de este tipo suponen riesgos no únicamente dirigidos a medios de comunicación y periodistas sino a la libertad de expresión en un país en el que el consumo informativo es un elemento clave para alimentar el diálogo necesario entre opinión pública, medios de comunicación e instituciones de gobierno. Estas amenazas se han presentado en prácticamente todas las regiones del país en los últimos años. En 2017, a unas semanas del asesinato de la periodista Miroslava Breach, una manta apareció en Chihuahua dirigida al entonces gobernador Javier Corral y a periodistas; en abril de 2018 otra más salió a la luz en Tijuana; un año después el mensaje se dirigió a trabajadores de la información del estado de Guerrero; en 2020 un periodista de ese estado que se encontraba bajo protección federal tras haber sido amenazado, fue atacado y perdió la vida junto a su escolta; y en enero de 2022 una narcomanta acusaba a uno de los grupos del crimen organizado del asesinato del periodista Margarito Martínez en Tijuana. Estos son apenas algunos ejemplos que, en ocasiones, son el preludio de un ataque físico o de un asesinato en contra de periodistas en México.

De acuerdo con datos de distintas organizaciones de derechos humanos, México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. Del año 2000 al 2021 la cifra de periodistas asesinados ascendió a 142, muy por encima de países como Colombia y Brasil, con 60 y 49 casos para el mismo periodo.

El extractivismo en México ha ido a la par de modificaciones en la constitución, las cuales han permitido cambios en la propiedad y/o explotación de territorios o recursos naturales antes únicamente en manos del Estado. Estos cambios han concedido a empresas privadas capacidades de decisión sobre el uso de áreas naturales, mediante concesiones de distinta índole y duración. Los proyectos extractivistas de gran envergadura implican la explotación territorial para la extracción de recursos minerales, hidráulicos, combustibles, etc., destinados al comercio y la exportación nacional e internacional³. Estos proyectos generan un desgaste no sólo territorial sino social en las comunidades aledañas a las zonas de extracción, cuyos pobladores quedan expuestos a agentes contaminantes que en muchas ocasiones producen enfermedades y diversos tipos de afectaciones a la salud y a las condiciones de vida en general en las personas.

A los territorios afectados por proyectos extractivistas que cumplen con estas condiciones de alto desgaste socioambiental se les ha denominado “zonas de sacrificio”, lugares que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes que afectan a las poblaciones cercanas y al medio ambiente. Estas condiciones no solo elevan la vulnerabilidad de quienes allí habitan sino que, al ser objeto de cobertura informativa debido a las consecuencias que los proyectos tienen en la población, las alianzas entre grupos de poder para explotar las zonas y los posibles malos manejos derivados de ellos, también exponen a quienes investigan estos hechos.

Ejemplos de este tipo de “zonas de sacrificio” son el corredor industrial de Silao-Irapuato en Guanajuato, donde existen grandes cantidades de desechos industriales provenientes de la industria automotriz y del calzado, así como la región conocida como “La triple A de la muerte” —Apaxco, Atotonilco y Atitalaquia en Hidalgo— donde existen fábricas de plaguicidas, plantas de tratamiento de aguas residuales y una refinería. Otro caso paradigmático es la Cuenca Lerma Chapala Santiago que ha sufrido una importante degradación ambiental con la llegada de transnacionales como Nestlé, entre otras 400 industrias tras la firma del TLCAN y la creciente formación de desarrollos inmobiliarios, que han tenido como característica la complicidad de los gobiernos locales en relación con los permisos y regulaciones en materia de uso de suelo y agua.

La relevancia del tema para el caso de agresiones y ataques a periodistas radica en el hecho de que en estas zonas, donde se asesina impunemente a defensores de territorio y del agua, como documentamos en el informe ¡El agua no se vende, se ama y se defiende!: la Casa de los Pueblos y la lucha por la vida, es que el ejercicio periodístico que se ocupa de cubrir temas medio ambientales, crimen organizado y corrupción, pone a sus practicantes en un doble riesgo: no solamente como periodistas, sino como periodistas en regiones periféricas (bosques, selvas, montañas) y ejerciendo desde medios independientes con muy pocos recursos. El binomio defensores-periodistas medioambientales es clave para entender las violencias que se agudizan en el capitalismo tardío.

Si bien los ataques perpetrados en contra de periodistas después de haber recibido amenazas relacionadas con alguna cobertura y por parte del crimen organizado han tenido sus peores consecuencias en periodistas que no pertenecen a empresas mediáticas nacionales o internacionales, es necesario señalar el ambiente que se construye cuando una periodista llega a ser amenazada directamente por algún grupo del crimen organizado, como un efecto que abona a la pérdida de garantías de libertad de expresión en general.

Un caso de este tipo ocurrió en agosto del 2021, cuando un video adjudicado a un grupo de la delincuencia organizada amenazó a la periodista y conductora de Milenio Noticias, Azucena Uresti, señalándola por su cobertura informativa sobre la situación de seguridad que prevalece en el estado de Michoacán.

La amenaza recibida por la periodista el 9 de agosto de 2021 fue tendencia en redes sociales, y medios de comunicación, periodistas, funcionarios y figuras públicas, incluido el presidente, se pronunciaron en defensa de Uresti.

El análisis de las menciones a la cuenta @azucenau y a “Azucena Uresti” en Twitter, entre el 1 de julio y el 31 de agosto muestran un pico evidente en la fecha en que ocurrió la amenaza. Esto es comprensible debido al alcance nacional de su programa de noticias en Milenio TV y a que la amenaza vino de uno de los cárteles más violentos del país. Sin embargo, interesa indagar -a partir de los datos-, el abordaje que se hizo de esta irrupción en la agenda nacional. Por un lado, las muestras de apoyo a la periodista y de solicitud a las autoridades para poner a disposición de Uresti las medidas necesarias para salvaguardar su seguridad son los mensajes que mayor número de reacciones generaron, pero por otro lado, emergen acusaciones en contra del presidente y de la llamada “cuarta transformación” que encabeza, como responsable de las condiciones que permiten que ocurran este tipo de amenazas.

Y si bien el propio presidente se pronunció en defensa de la periodista, la filtración de palabras “chayo” (contracción de chayote y chayotero)⁴ y “montaje”, como parte de los adjetivos utilizados con anterioridad en numerosas ocasiones, tanto por el presidente como por cuentas que lo siguen en redes sociales para agredir a quienes cuestionan al gobierno federal, arroja una línea de descrédito a Uresti, con un tono que, si no llega a justificar, tampoco se muestra incómoda por el ataque en sí, e incluso llega a suponer, sin pruebas, que se trata de un montaje.

Este caso ayuda a consolidar una de las hipótesis colocadas en el primer capítulo de esta serie, en la que planteamos que en la medida en que la conversación sobre asuntos públicos gira alrededor de la figura del presidente y de la manera más simplista agote los problemas del país en la disputa “AMLO sí” o “AMLO no”, se amplía la polarización en la conversación digital y se estrecha el margen de intercambio. Todo ello contribuye a normalizar el escenario de vulnerabilidad y a aumentar el riesgo en contra de quienes hacen periodismo en este país.

En el siguiente grafo, se muestran las cuentas más mencionadas durante la descarga de las interacciones en Twitter -en el periodo ya señalado-, las cuentas con mayor número de conexiones son las del presidente López Obrador y la de Uresti.

El 9 de marzo de 2022, AMLO señaló expresamente que Uresti había criticado al gobierno federal por colocar tres capas de vallas metálicas para resguardar el palacio nacional de ser intervenido por mujeres durante la marcha de ese día, mientras al mismo tiempo las instalaciones del medio para el que trabaja, Milenio, también tenían vallas para resguardarse de la marcha. Esto en el marco de las preguntas planteadas acerca de las marchas conmemorativas del 8 de marzo. Ahí el presidente señaló, sin mostrar pruebas, a Azucena Uresti por haber recibido una oferta de trabajo del medio Latinus, la cual, según el propio mandatario, Uresti habría declinado. La mención fue acompañada de una fuerte crítica hacia el medio, hacia los dueños y a quienes trabajan ahí, supuestamente por ser parte de una “estrategia golpista” contra su gobierno.

Una muestra de 713 tweets del 7 al 14 de marzo de 2022 con los términos “Uresti AMLO”, permite observar que la conversación luego de este episodio giró alrededor de cuentas que sistemáticamente defienden o atacan al presidente. Esa lógica plebiscitaria alrededor de la figura presidencial –que agota el debate y que alimenta el ambiente de hostilidad que hemos señalado en otros informes–, en este caso no sólo es en contra de una periodista que trabaja para un consorcio mediático reconocido sino en contra de aquellos que, en general, cuestionen al gobierno y de quienes sean señalados, sin pruebas, por el propio presidente en sus conferencias matutinas.

En el año 2021, la Universidad de Columbia otorgó a Regina Martínez el premio María Moors Cabot, un reconocimiento póstumo a quien fue calificada durante la premiación (junto a otras tres mujeres periodistas) como “una de las periodistas más distinguidas de México”. Martínez fue asesinada el 28 de abril de 2012 en Xalapa, Veracruz, estado desde el que reportaba la situación de violencia generada por el crimen organizado, la corrupción y la injusticia en la entidad gobernada en ese entonces por el priista Javier Duarte.

A casi diez años del asesinato de la periodista, el caso sigue impune. Sin embargo, existen dos detenidos, pero hay evidencia de que estos fueron torturados, además de diversas irregularidades en la investigación, documentadas por Forbidden Stories, donde se da cuenta de que el último trabajo al que se dedicaba la periodista hubiera revelado unas 25 mil desapariciones en el estado de Veracruz durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte.

Por otra parte, el 23 de marzo de 2022 se cumplieron cinco años del asesinato a mano armada de la periodista Miroslava Breach en Chihuahua. Ese día en 2017, mientras se encontraba en su vehículo afuera de su casa, fue atacada en presencia de uno de sus hijos. El asesinato se dio en el marco de las investigaciones que Breach realizaba sobre la colusión entre gobiernos estatales y miembros del crimen organizado. Durante el proceso electoral de un año anterior, Breach había logrado que dos candidatos priistas a alcaldías quedaran fuera de la contienda tras revelar sus nexos familiares con grupos delincuenciales.

En diciembre de aquel año, el cuerpo del autor material del crimen, Ramón Zavala, fue hallado por las autoridades. Aunque diversas versiones apuntaban al involucramiento del grupo delictivo conocido como Los Salazar en el asesinato, las investigaciones judiciales llevaron a la detención de Hugo Schultz, un exalcalde panista que aceptó haber facilitado el ataque contra la periodista. El ex político fue condenado a ocho años de prisión.

Ambos casos dan cuenta del riesgo que enfrentan las periodistas en la cobertura de temas de alto impacto, como la corrupción política y el crimen organizado. Pero también dejan ver que la procuración de justicia en este tipo de ataques está lejos de ser preventiva, pues las investigaciones realizadas por Forbidden Stories para el caso de Regina Martínez y del Colectivo 23 de Marzo para el de Miroslava Breach ponen en evidencia anomalías en la forma en que se desarrollaron las pesquisas judiciales.

¿Cómo se construye la relevancia de los hechos violentos en contra de la prensa en México?, ¿quiénes son los principales actores que han sido señalados por esta violencia en los últimos años?, ¿ha habido cambios en el encuadre de la violencia contra periodistas con la entrada del nuevo gobierno?, ¿con respecto a otros países de Latinoamérica, qué tan visible es la violencia contra el periodismo en México?

Para responder a estas preguntas, Signa_Lab llevó a cabo una indagación histórica de la conversación política en la arena digital en México a través del acceso académico a la plataforma de desarrollo de Twitter (API v2). A partir de los términos “periodista asesinado(a) / asesinan periodista”, se llevaron a cabo dos descargas de Twitter, una del 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2018, correspondiente a la segunda parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado de violaciones a la libertad de expresión, censura de periodistas y de poca o nula eficacia en las investigaciones para esclarecer asesinatos y abusos en contra de periodistas; y otra del 1 de diciembre de 2018 al 23 de febrero de 2022, correspondiente a poco más de la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuya estrategia discursiva ha recurrido en más de una ocasión a compararse con otros gobiernos en cuanto a la libertad de expresión, y a sostener “no ser iguales”, y ha repetido que en su gobierno “ya no hay impunidad” en los asesinatos a periodistas.

La muestra de 2015 a 2018 fue de 159,055 tweets únicos; la del 1 de diciembre de 2018 al 23 de febrero de 2022 fue de 118,758 tweets únicos. El primer hallazgo está en el volumen de retweets acumulados de ambas descargas. Esta medición ofrece una dimensión del alcance de la conversación acerca de la violencia en contra de periodistas en ambos periodos de tiempo y también del incremento en el número de cuentas de esta plataforma que se han integrado a discutir el tema. La primera arrojó 774,806 tweets totales y un total de 259,811 cuentas interactuando; la segunda, 987,078 tweets totales y 356,789 cuentas.

Estas descargas históricas permiten consultar, por cada tweet, la categorización generada por la propia red social a partir de lo que llama “annotations”. Estas anotaciones son resultado de un proceso mixto, donde se calcula la probabilidad de cada tweet de corresponder a algún tópico identificado de acuerdo a su coincidencia con usuarios, palabras clave y hashtags relacionados previamente para orientar la lectura de un dataset con estas categorías. El resultado de estas anotaciones sobre las muestras descargadas es sintomático en sí, ya que en ambos casos, el top 15 de estas categorías remite a coyunturas, en su mayoría, de violencia en contra de periodistas en México, aún cuando la descarga apunta a la conversación general en español utilizando los términos de búsqueda antes mencionados.

Así, en la descarga de 2015 a finales de 2018 resaltan temas como: México, Veracruz, Javier Valdez, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Tabasco y Enrique Peña Nieto. Entre las anotaciones de la descarga de finales de 2018 a febrero de 2022 destacan: México, AMLO, Tijuana, Sonora, Oaxaca, Tabasco, Lourdes Maldonado, Michoacán, Sinaloa. Es decir, lo archivado en Twitter sobre violencia en contra de periodistas en Español en Twitter, es una suerte de memorial digital de la violencia en contra de los periodistas en México y a la vez un repositorio de memoria activa sobre esta crisis. Los mecanismos de categorización de la conversación que la plataforma utiliza a nivel global con todos los temas, apuntan a la crisis nacional como la mayor a nivel iberoamericano sobre el tema.

Este ejercicio de análisis forense con datos permite acceder al pasado de la conversación digital para cuestionar al presente mediante la contrastación de información. Las siguientes visualizaciones son un cúmulo de acontecimientos registrados en la arena digital, ahora revisitados, para comprender el presente a partir de lo ocurrido con anterioridad.

2015 – 2018:

2018 – 2022:

Estos hallazgos nos llevan a un segundo nivel de exploración: el abordaje de la violencia contra los periodistas en México en la conversación digital de los últimos años. Por ello hay que señalar que las muestras obtenidas y analizadas por el laboratorio son también un recuento histórico tanto de las menciones hacia actores relevantes, sobre todo gubernamentales, como de medios, periodistas y personajes de la vida pública nacional que han contribuido a la construcción de encuadres sobre el tema, y cómo éstas han sufrido modificaciones evidentes con el cambio de gobierno en el país.

Mediante una exploración a la topología de las redes generadas es posible identificar el comportamiento de los nodos que integran una conversación de este tipo. El grado de entrada, o indegree, muestra la actividad recibida por cada nodo. A mayor número de actividad recibida, mayor es el tamaño de los nodos. Los siguientes dos grafos muestran las relaciones entre cuentas (usuario a usuario) con mayor grado de entrada en la conversación de ambas descargas. Es decir, lo que señalan son a las cuentas o nodos que mayor número de menciones y retweets acumularon en cada uno de los periodos. Esto permite identificar a los usuarios más mencionados, pero también a aquellos cuyos mensajes tuvieron mayor alcance y mayor incidencia en la conversación.

La utilización de un algoritmo de segmentación de comunidades⁶ dentro de la conversación general de cada descarga, permite identificar conjuntos de usuarios más relacionados entre sí. De este modo, y de la mano de una lectura general del contexto nacional e internacional (identificación de cuentas de personas, medios e instituciones de distintos países, con presencia en coyunturas específicas), es posible verificar las comunidades de usuarios que pertenecen en cada descarga a países en específico. Los siguientes grafos corresponden a la filtración de las comunidades de cuentas relacionadas con la conversación en México en cada caso.

En el caso de la muestra del 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2018, filtrada a partir de comunidades relacionadas con el contexto mexicano, el top de cuentas más mencionadas es:

En la descarga del 1 de diciembre de 2018 al 23 de febrero de 2022, filtrada a partir de comunidades relacionadas con el contexto mexicano, el top de cuentas más mencionadas es:

Si bien, como ha quedado demostrado con los datos expuestos hasta ahora, hay una onda expansiva en la crisis de violencia contra el periodismo en el país. Es importante ver qué ha ocurrido a la par con el encuadre de esta crisis desde la mirada de personajes cuyas voces se hicieron y se siguen haciendo presentes para hablar del tema en esta plataforma digital.

Top 20 cuentas por interacciones recibidas 2015 – 2018:

Top 20 cuentas por interacciones recibidas 2018 – 2022:

Hay 4 perfiles que prevalecen en ambos periodos de tiempo como actores relevantes en la conversación, de acuerdo con la cantidad acumulada de interacciones recibidas (grado de entrada con pesos) desde otras cuentas en Twitter, en los periodos delimitados por las muestras de datos aquí exploradas. Se trata de @Aristeguionline, @alvaro_delgado, @article19mex y @RuidoEnLaRed.

Aristegui Online, antes y ahora ha mantenido su espacio abierto a la cobertura de voces tanto de medios como de organizaciones internacionales que han señalado con preocupación la violencia y las amenazas contra la libertad de expresión en México. En la cuenta de Álvaro Delgado resalta la crítica al sexenio de EPN por “el desdén” y “la indiferencia criminal” de las autoridades ante los asesinatos de periodistas; en el periodo actual también hay señalamientos amplios a autoridades por su responsabilidad y reclamos por la impunidad. En el caso de la organización Artículo 19, ha documentado los casos de periodistas asesinados en el país, enviado mensajes de alerta por el aumento de estos casos tanto en el sexenio anterior como en lo que va del presente, generado cifras comparativas entre años para comprender el incremento en estas formas de violencia y ha señalado la responsabilidad de autoridades locales y federales en la no erradicación de la violencia ni de la impunidad en contra de periodistas asesinados. Por último, Ruido en la Red se autodefine como una “plataforma de periodismo audiovisual” cuya mayor incidencia está en Twitter, donde tiene una elevada frecuencia en la publicación de contenidos que se caracterizan por sintetizar acontecimientos y/o coyunturas políticas –en la mayoría de los casos– mientras estas ocurren.

En la siguiente visualización se puede realizar un ejercicio comparativo puntual de cada una de estas voces que hablan del mismo tema durante ciertos períodos y con gobiernos distintos. Este ejercicio se puede realizar también con cualquier cuenta en la segunda pestaña de las visualizaciones presentadas más arriba.

Es importante señalar que en ambas descargas la cuenta de cada presidente en turno aparece en el top de menciones. Sin embargo, tanto para @EPN como para @lopezobrador_ la estrategia de comunicación en esta plataforma es no emplear de manera explícita los términos de búsqueda utilizados para este análisis.

La violencia contra las y los periodistas en México es ya una agenda urgente. La ausencia o la tibieza en las respuestas tanto de las autoridades como de la propia sociedad -con honrosas excepciones-, indican que además de la expansión de una atmósfera propicia para la normalización de este peligroso ataque al trabajo que se constituye en uno de los pilares de la democracia, existe una dificultad para colocar el tema en el centro del debate, junto con el crecimiento exponencial de las desapariciones y de las violencias generalizadas.

Lo que ha tratado de mostrar este capítulo es la vulnerabilidad diferencial que enfrentan las y los periodistas, en un país dolorosamente desigual. “De acuerdo con datos de organizaciones civiles, todo indica que parapetados en la impunidad, funcionarios, grupos del crimen organizado, particulares vinculados a proyectos extractivistas, agreden –sin mayores consecuencias– a quienes consideran un estorbo o una seria amenaza para la realización de sus planes.

Por ello nombrar es fundamental, abrir las redes sociodigitales para comprender, re-presentar los modos en que se “conversa” sobre este desgarramiento nacional, todo ello como un ejercicio de memoria que puede y debe funcionar como un dispositivo de activación social. #PeriodismoEnRiesgo no es solamente un hashtag, sino un llamado a la necesidad de visibilizar y viralizar el reclamo de justicia y no repetición, en una acción conectiva que enREDe cada vez a más personas e instituciones.

Así pues, presentamos para este cierre imposible, este Memorial que no quiere ser un homenaje sino una exigencia.